martes, 17 de octubre de 2017

31 AÑOS DESPUÉS: COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGOS DEL PERÚ, HACIA UN CAMBIO GENERACIONAL Y REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL


Pasada la mitad de una década convulsionada por el terrorismo y las malas ideas económicas iniciadas con el golpe militar de 1968, se crea un 28 de noviembre de 1986 mediante Ley N° 24575 el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, bajo los principios de autonomía institucional y ser la entidad que represente a los profesionales de la arqueología.

Casi 18 años después de su creación, el 31 de agosto de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 560, la Ley N° 24575 y la Resolución Suprema 196-89-ED, se aprueba el Estatuto del COARPE.

Desde aquella fecha se dieron esfuerzos por consolidar institucionalmente al COARPE aunque no se logró inscribir ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, al Consejo Directivo Nacional debido a fallas en el proceso de legalización, quedando una entidad gremial con un cuerpo directivo no reconocido por el Estado peruano.

A pocos meses de cumplir el COARPE 31 años de creación, el 23 de setiembre de 2017 el Comité Electoral elegido por Asamblea Nacional, convoca con fecha 14 de noviembre de este año a la elección del primer Consejo Directivo Nacional, proceso electoral que será supervisado y organizado por la ONPE y, acorde a los nuevos tiempos, empleando el voto electrónico.

Más de tres décadas significan definitivamente una brecha generacional entre quienes impulsaron la creación del COARPE y los que hoy están llamados a iniciar el camino de la consolidación institucional y sentar las bases para su desarrollo, bajo los principios de transparencia, eficiencia, predictibilidad y bienestar para el agremiado.

A la fecha existen 4 listas inscritas las cuales aún tienen que pasar por el tamiz de cumplir con todos los requisitos que establecen los Estatutos y el Reglamento Electoral, pero sobre todo, que los documentos entregados el día 9 de octubre (fecha de cierre de inscripciones) estén libres de irregularidades.

Descrito los antecedentes, existe un aspecto que debemos de tomar en cuenta y que es neurálgico en un proceso de institucionalidad que se considere “estar impulsada por profesionales”. Elegir en base a las propuestas y no por las antipatías (que pueden llegar al insulto y la difamación).

La lista que se acuse de seria y no improvisada, nos mostrará un Programa de Desarrollo Institucional (PEI) estructurado, con propuestas realizables en dos años de gestión y sin contenidos demagógicos. Dicho PEI debe responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el estado situacional y los problemas identificados en el COARPE?
¿Cómo se propone resolver tales problemas?
¿Cuánto nos va a costar ejecutar las acciones para la resolución de los problemas?
¿De dónde se obtendrán los recursos financieros y no financieros para ejecutar el Programa?

A esto se incorporará un cronograma y el establecimiento de metas e indicadores para un control de la gestión de la lista ganadora.

Los lineamientos de las acciones que se ofrecerán en el PEI, deben de estar acorde a lo señalado en el artículo 5° del Estatuto, pero además, enmarcados en el contexto político-social-económico en el que se mueve la arqueología peruana. Así podríamos tener el siguiente esquema de gestión para el futuro Consejo Directivo Nacional 2018-2019:



Elaboración: propia


Los ofrecimientos deben de ser claros y precisos, sin discursos demagógicos, románticos o reivindicativos. Los profesionales esperamos cosas concretas y realizables. Así, sin lugar a dudas, en dos años de gestión, el primer Consejo Directivo Nacional principalmente sentará las bases para las futuras reformas estatutarias, presentará un PEI con proyección a mediano (5 años) y largo plazo (10 años) e iniciará la ejecución de accione estratégicas de corto plazo.

Por ejemplo, en el campo de lo cultural y científico, es vital la articulación entre la Academia y el Estado. Con la Academia, para posicionar al COARPE como articulador de las convenciones de la investigación arqueológica, debiendo de ser el ejecutor del Congreso Nacional de Arqueología; con el Estado, para fortalecer o impulsar políticas que apunten a una mayor inversión en la investigación, protección y promoción del patrimonio arqueológico.

En el campo de lo institucional se deberá trabajar a nivel del poder Ejecutivo para establecer que el registro de Colegiatura del COARPE sea el único medio para ejercer la profesión en el territorio peruano, debiéndose evaluar la desaparición del RNA o la transformación de su finalidad. Asimismo, el primer Consejo Directivo Nacional puede crear el cuerpo de peritos en arqueología para los casos especializados que requiera el Estado o las entidades privadas, generando un ingreso a la entidad

En lo social el COARPE puede establecer acuerdos con el sector privado a fin de mejorar el bienestar del agremiado, abordando el tema de seguros, recreación familiar, facilitación préstamos bancarios, entre otros. Y con la comunidad, el COARPE podría prestar servicios de asesoría de servicio social en temas de gestión de CIRAs, PMA, PEA, PRA; dictar capacitaciones en asuntos de protección y defensa del patrimonio, además de comunicar que el patrimonio arqueológico puede convertirse en un activo para la comunidad antes que un pasivo.

En lo profesional, es la oportunidad de terminar con la devaluación del profesional, haciendo cumplir el literal f) referido al aspecto profesional del artículo 5°, que indica: “Establecer la Tabla Mínima de Honorarios aplicables a cada una de las actividades de la profesión”. Además se podrían generar capacitaciones continuas para los agremiados en alianza estratégica con las universidades e inversionista privado.

Sin duda, hemos iniciado el cambio y la revolución institucional gremial de la arqueología peruana, la cual debe ser conducida por la nuevas generaciones, con integrantes libres de discriminación por credo o filiación política, y desde luego, alejados de intereses económicos, elitistas o centralistas.

Éxitos a todos mis colegas este 14 de noviembre y que gane la mejor propuesta y no el golpe bajo o la difamación.

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